La Justicia volvió a intimar al Gobierno por la ley de financiamiento universitario

La disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó una nueva instancia judicial. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 volvió a intimar al Estado para que acredite, en un plazo de cinco días, el cumplimiento de la medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución consideró insuficiente la documentación presentada por el Ejecutivo y mantuvo abierto el apercibimiento de sanciones si no se verifica una ejecución completa.

El foco está puesto en los artículos que ordenan recomponer salarios docentes y no docentes, además de actualizar becas estudiantiles. El Gobierno sostiene que ya cumplió con las obligaciones alcanzadas por la cautelar y apeló la intimación, pero el juzgado entendió que todavía no fueron acreditados los parámetros legales necesarios para cerrar el planteo.

La decisión judicial llegó en plena medida de fuerza universitaria. Docentes de casas de estudio nacionales iniciaron un paro de 72 horas que se extiende desde este miércoles hasta el viernes, con reclamos por paritarias, recomposición salarial, cumplimiento de la ley y presupuesto para 2027. La protesta funciona además como antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria convocada para mediados de octubre.

El conflicto viene de lejos. Durante los últimos años, las universidades denunciaron una pérdida fuerte del poder adquisitivo de docentes, no docentes, investigadores y becarios. También alertaron sobre gastos de funcionamiento, mantenimiento edilicio, investigación y programas de asistencia estudiantil. El Gobierno, en cambio, defiende una política de contención del gasto y afirma que las actualizaciones otorgadas deben leerse dentro del proceso general de estabilización.

La ley de financiamiento se convirtió así en un punto de choque institucional: fue aprobada por el Congreso, resistida por el Ejecutivo y judicializada por actores universitarios. La cautelar busca que determinados capítulos se apliquen mientras sigue la discusión de fondo. Por eso cada plazo judicial tiene efecto político inmediato: puede ordenar pagos, abrir multas o forzar nuevas presentaciones del Estado.

Para estudiantes y familias, el problema no se agota en la pulseada entre poderes. Un paro prolongado altera cursadas, exámenes, investigación y funcionamiento cotidiano de las universidades. Para el Gobierno, el caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que atraviesa todo el Presupuesto 2027: hasta dónde puede sostener la disciplina fiscal cuando hay leyes vigentes, fallos judiciales y sectores públicos esenciales reclamando fondos.

El próximo movimiento dependerá de la respuesta oficial ante la intimación y de lo que resuelva la Cámara si avanza la apelación. Mientras tanto, el sistema universitario mantiene la protesta activa y busca que el conflicto no quede reducido a una discusión técnica de expedientes, sino a una cuestión de salarios, becas y continuidad académica.